Crédito foto: Corte Suprema de Justicia falló a favor de grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que demandaron al Estado por no garantizar sus derechos a la vida y al medio ambiente. / Dejusticia
Fallo de Corte Suprema de Justicia está dirigido a frenar deforestación y hacer frente al cambio climático.
En una decisión considerada histórica, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló a favor de declarar a la Amazonia colombiana como sujeto de derechos y ordenó a las instancias estatales implementar planes de acción de corto, mediano y largo plazo para su protección.
El fallo responde a un reclamo presentado contra el Estado por un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos entre 7 y 25 años de edad, o tutelantes, “que viven en ciudades que hacen parte de la lista de ciudades de mayor riesgo por el cambio climático”, solicitando “el amparo de sus derechos a gozar de un ambiente sano, vida y salud, máxime cuando la amenaza a la degradación del ambiente, a causa de la deforestación de la selva amazónica colombiana, redunda negativamente sobre éstos”.
“Sin un ambiente sano, los sujetos de derecho y los seres sintientes en general no podemos sobrevivir, ni mucho menos resguardar esos derechos, para nuestros hijos ni para las generaciones venideras”, dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia, emitido el 5 de abril.
Para la CSJ, “la conservación de la Amazonia es una obligación nacional y global, se trata del principal eje ambiental existente en el planeta, por tal motivo se le ha catalogado como el ‘pulmón del mundo’, por cuanto (…) representa el 6% de la superficie del planeta y ocupa 40% del territorio de América Latina y el Caribe. Sus 38.7 millones de habitantes [incluidos 385 pueblos indígenas] constituyen el 11% de la población de los ocho países amazónicos [Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela]”.
La Amazonia tiene una extensión total de 7.8 millones de km², sus ríos aportan aproximadamente el 20% del agua dulce del planeta. El río Amazonas, considerado el más largo y caudaloso del mundo, tiene 6,900 km de extensión, mientras que la cuenca amazónica posee 25,000 km de ríos navegables. Además, contiene 30,000 especies de plantas vasculares, incluyendo entre 5,000 a 10,000 especies de árboles.
Según el Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entre 1990 y el 2016, Colombia perdió más de 2.1 millones de hectáreas de bosques. En el 2016 fueron deforestadas 178,597 Ha, 44% más que en el 2015, cuando la deforestación alcanzó 124,035 Ha. Sólo en la Amazonia, que constituye el 67% de la superficie boscosa colombiana, se deforestaron 70,074 hectáreas.
Precedente mundial
Los 25 tutelantes, que fueron acompañados en el litigio por el centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, provienen de 17 ciudades y municipios amazónicos con mayor riesgo climático: San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, San José del Guaviare, Calamar, La Macarena, Puerto Leguízamo, Solano, Uribe, El Retorno, Puerto Guzmán, Puerto Rico, Miraflores, Florencia y Vistahermosa.
César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, señaló en un comunicado que “se trata de un fallo histórico tanto nacional como internacionalmente. En el plano nacional reconoce categóricamente que las generaciones futuras son sujetos de derechos y ordena que el gobierno tome acciones concretas para proteger el país y el planeta que les corresponderá vivir”.
Dejusticia precisó que, además de llamar la atención sobre la ineficiencia del gobierno, la CSJ ordenó a la Presidencia, y a los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, construir un “pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano”, con la participación de los tutelantes, las comunidades afectadas, y organizaciones científicas y de investigación, para reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Igualmente, la CSJ ordenó a los municipios de la Amazonia actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial en un plazo de cinco meses, y contar con un plan de acción de reducción de la deforestación a cero con estrategias medibles. Y a las Corporaciones Autónomas de la Amazonía (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, Cormacarena y Corpoamazonía) expedir un plan de acción para reducir la deforestación, precisó Dejusticia.
Dejusticia considera que la sentencia sienta un precedente en el derecho y las acciones contra el cambio climático.
“El fallo es un paso fundamental en la dirección que ya venían dando otras cortes alrededor del mundo, que han ordenado a los gobiernos cumplir y aumentar sus compromisos contra el calentamiento global”, aseveró Rodríguez. “En este caso, además de recoger el consenso científico sobre la importancia de los bosques en la mitigación del cambio climático, el fallo avanza al declarar la Amazonía como sujeto de derechos, lo que permite proteger ese ecosistema esencial para Colombia y la humanidad”.
La medida también constituye un paso adelante en cuanto al concepto jurídico conocido como la Jurisprudencia de la Tierra o Derechos de la Madre Tierra, incluido en la propuesta hecha en el 2009 por el presidente de Bolivia, Evo Morales, a la Asamblea General de las Naciones Unidas de elaborar una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra que busque crear un marco legal que promueva no sólo la protección y preservación del medio ambiente sino también una relación de armonía entre las personas y la Pachamama.
“La Jurisprudencia de la Tierra reconoce a la Pachamama como un sujeto de derechos. Es decir, extiende el reconocimiento de derechos a una entidad no humana, esto constituye un hecho innovador por la comunidad internacional, que incluye a la tierra, agua, ríos, entre otros. Además, considera la necesidad del equilibrio entre los seres humanos y la Madre Naturaleza”, señala Jorge Valencia Corominas, abogado peruano, experto en temas de legislación de infancia, familia y derechos humanos.
Valencia destaca que las constituciones de Bolivia y Ecuador rescatan valores de la cosmovisión andina como el Sumak Kawsay, el Buen Vivir, y el Cápac Ñam, el camino de la nobleza o el buen camino, entendidos como reglas de convivencia y de respeto que plantean que se debe proteger la Tierra para las nuevas generaciones.
“Debemos pasar del entendimiento de la Tierra como objeto de explotación al reconocimiento de sujeto de derechos. Así como su reconocimiento constitucional, reencontrarnos con valores milenarios como el Buen Vivir y la vida en armonía”, concluye Valencia. —Noticias Aliadas.
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